Luisa Ortega Díaz, fiscal general de Venezuela en el exilio, resultó una pieza importante para sustentar el reciente informe redactado por la Misión de determinación de hechos para el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
Por Primer Informe
Ortega, según Francisco Cox, uno de los expertos que dirigió la Misión de la ONU, reconoció al medio venezolano Tal Cual, que Ortega «efectivamente entregó información».
Por ejemplo, en las investigaciones sobre la masacre de Barlovento, los aportes hechos por la Fiscalía que todavía dirigía Ortega a finales de 2016, sin duda ayudaron a establecer responsabilidades penales.
También ayudó a demostrar que se trató de un caso que involucra todo lo que investigó la Misión de la ONU (tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales).
Luisa Ortega apoyó las OLP
Pero el informe arroja sombras también sobre la figura de Ortega.
Ella fue la cabeza del Ministerio Público venezolano por gran parte del período estudiado por la Misión de la ONU que se extiende de 2014 a 2019.
Desde esa posición dio acompañamiento institucional a varias de las políticas de seguridad que después criticaría y que están incluidas en el informe elaborado para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Uno de los más polémicos fue el aval inicial que dio a las cuestionadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP). Uno de los primeros operativos que se dieron con esa denominación tuvo lugar el 13 de julio en el sector de Caracas conocido como «Cota 905».
El saldo fatal de la operación, según estableció la misión de la ONU, fue de 15 personas muertas.
La explicación policial fue «que las víctimas fallecieron en un intercambio de disparos o ‘resistiendo a la autoridad’.
Curiosamente, una de las últimas veces que Ortega se reunió con Maduro, antes de escindirse del chavismo, le entregó la copia de un informe sobre las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad ocurridos en Venezuela entre los años 1958 y 1998.
En la conferencia de prensa que siguió a la operación, el Ministro del Interior escribió los hechos en los que resultaron 14 individuos muertos y una persona herida (que murió posteriormente) como el ‘resultado de un enfrentamiento’»
Luisa Ortega Díaz entonces coincidió con Tarek William Saab, entonces Defensor del Pueblo, al dar su aprobación a la legalidad de las OLP.
Saab dijo a la prensa que las fuerzas de seguridad se “enfrentaron” al entrar en La Cota 905, sin dar más detalles.
Ortega Díaz, explicó un poco más. Cuando habló públicamente dos días después de la operación, dijo «que los objetivos de la misma se habían logrado de acuerdo con la Constitución y con el respeto a los derechos humanos», recoge el informe de la ONU.
En esa acción policial, a pesar de que hubo oficialmente 134 detenidos, Ortega Díaz, confirmó que
sólo 19 de las personas detenidas habían sido llevadas ante un juzgado, acusadas de delitos
como homicidio, robo y tráfico de drogas.
No existe información sobre cómo se procesaron a las otras 115 personas detenidas.
Internacionalmente, Ortega Díaz mantenía su discurso, por esos mismos días afirmó a Russia Today, que la eliminación tortura era parte de los avances de la gestión de Maduro. Reiteró su negación a los abusos en los operativos de la Cota 905.
Humillación pública
Otro lunar en la conducta de Ortega fue el haber desacreditado públicamente a una víctima de abusos por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.
La Misión de la ONU estableció que existían elementos para creer que se cometieron arresto y detención arbitraria, así como actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo una violación sexual, contra un ciudadano llamado Juan Manuel Carrasco.
Durante una rueda de prensa en febrero de 2014, Ortega desestimó la denuncia de Carrasco y consideró que las alegaciones eran falsas, con base en la revisión médica realizada al día siguiente de su detención, se lee en el reporte.
Finalmente, y ante la prueba de las evidencias, la denuncia de Carrasco fue considerada y se presentaron cargos a los funcionarios militares.
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