Como una violación de los derechos fundamentales y dejando sin autoridad al juez, así consideran juristas y defensores humanos que es la situación de más de 13 presos políticos que cuentan con la boleta de excarcelación, pero siguen en centros penitenciarios.
Guiomar López | La Prensa de Lara
Foro Penal reitera la falta de condena de 202 presos políticos, del total de 237 que hay en el país. Confirman que el peso político les acentúa ese retraso, sin respeto de los lapsos correspondientes en el proceso judicial.
«Sorprende que solamente tenemos identificados 13 casos, pero se trata de más afectados», confirma Humberto Prado, director del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones, así como fundador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), al confirmar que se encuentran estructurando un informe. Prado Insiste en recordar que el juez tiene la potestad porque al emitir la boleta de excarcelación o cualquier otra medida, el director del penal debe ejecutarla de inmediato. Pero, lamentablemente se espera la autorización de la propia ministra.
«¿Quién está detrás de que no se acate?», se pregunta, considerando que luego del Ministerio de Asuntos Penitenciarios se encuentra el Presidente de la República. «Se trata de un juez sin autoridad y con miedo en un país, donde no se sabe quién manda», denuncia al referirse de esa intriga entre el poder de generales o activistas políticos.
Considera que al Estado se le escapa el control de las cárceles. «Es un desastre cuando te consigues extorsiones desde cárceles y los abusos de los pranes». Lamenta de esos cambios que se han dado desde el período de Hugo Chávez con tantos filtros y que hasta con el denominado Ministerio de Asuntos Penitenciarios se tienen tres viceministerios y 13 direcciones generales penitenciarias, pero se olvidan de asegurar la atención y se ignora el presupuesto para esta comunidad, cuando se conocen 126 reos fallecidos en 2021, 90% de ellos víctimas de la desnutrición y tuberculosis.
Para el abogado, Joel García, «es una situación gravísima que no se respete el derecho a la libertad». Señala del Estado de derecho que llega a ser forzado, cuando los juicios ni siquiera se ajustan a los tiempos previstos. Lo califica como un problema estructural en la capacidad de administrar justicia y mantener a estos presos en penales que condenan a la fatalidad por falta de atención médica, desnutrición, sin condiciones de higiene, obligados a pagar por el agua que consumen y con la dificultad del aporte de sus familiares.
El recordatorio de seguir luchando por el cumplimiento de los lapsos legales es otra tarea confirmada por Abraham Cantillo desde Foro Penal, al considerar que es una práctica a la que está expuesta toda la comunidad penitenciaria. «El Estado está obligado a cumplir, pero se termina en vulneración de derechos», rezonga.
Henderson Maldonado, miembro del Movimiento Vinotinto, quien habla desde procesos dilatados que no respetan los tiempos, empezando desde la primera audiencia, las cuales siempre se retrasan y generan una impresión de que se contemplará una investigación de por vida. «El Estado debe resarcir los daños, incluso con deudas pendientes de esos casos de 2017, durante las protestas», denuncia.
Estos expertos resaltaron el caso del larense Darío Estrada, detenido el 24 de diciembre de 2020 por supuesta vinculación con boicot. Lamentan que ni les permitieron apoyarlo en cuanto a la defensa de su caso, obligando a la defensa pública y actualmente se encuentra en un calabozo en la ciudad de Caracas, sin respuestas para su caso.
Más allá del juez es el carcelero
Cuando el abogado, Joel García, quien lleva la defensa del periodista Roland Carreño, explica cómo se paraliza el proceso desde el tinte político, asevera que no depende de fiscalía ni del juez, sino que trasciende al carcelero.
«Se trata de quién ordena y que sólo se identifica como la espera de una orden superior», lamenta de un proceso que termina más lento y engorroso. «¿Cómo es posible que la boleta de excarcelación no garantiza la libertad?», reitera de lo que califica como una condena a muerte por anticipado. Riesgos que van desde enfermedades que no son atendidas por médicos, precarias condiciones en desnutrición y el pesar de la incertidumbre por lapsos procesales indefinidos.
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