Los gobiernos autoritarios latinoamericanos se caracterizan por ser hostiles contra los medios de comunicación pues éstos son incómodos a sus intenciones y Cuba lo ha demostrado con un aumento de la represión en 2020 contra medios y periodistas independientes, así como contra activistas y ciudadanos, según denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a través de un informe sobre libertad de expresión en la Isla.
Por Primer Informe
«Bajo apercibimiento de desacato, propaganda enemiga, incitación a la violencia o por recibir financiación desde el extranjero, los medios independientes han sido bloqueados y hackeados y los periodistas independientes detenidos, retenidos, amenazados y golpeados, así como se les ha prohibido salir de sus viviendas o del país», señala el informe, presentado ante la 76ª Asamblea General de la SIP.
Henry Constantín, periodista independiente y director de la revista La Hora de Cuba, fue el encargado para presentar la situación del gremio en la Isla. El informe presentado incluye la censura del Diario de Cuba y la persecución de la Seguridad del Estado (SE) a sus colaboradores.
«A Waldo Fernández Cuenca, colaborador de DDC, le retiraron su licencia para trabajo por cuenta propia. La madre de Yoe Suárez fue citada e interrogada en dos ocasiones para que presionara a su hijo a dejar el periodismo», relató el periodista.
Otro de los afectados por las medidas del régimen fue el periodista Boris González Arenas quien sigue imposibilitado de salir del país por ser uno de los ciudadanos «regulados» por el gobierno cubano. La detención de Jorge Enrique Rodríguez también fue detallada en el reporte. Este último fue liberado tras la presión ejercida por la comunidad internacional.
La SIP reveló que una de las herramientas de la censura cubana que s el Decreto-Ley 370 que prevé multas contra personas opositoras al régimen «con el equivalente a tres salarios mínimos por expresarse en redes sociales», y la única empresa de telecomunicaciones en Cuba, ETECSA, cobra altos precios por el acceso a Internet.
«También aumentó la creación de cuentas que suplantan la identidad de opositores y periodistas independientes, así como el uso de trolls y cuentas falsas», detalla el informe.
Una de las prácticas más practicadas por el régimen cubano para silenciar a la sociedad civil son las amenazas y constantes hackeos a cuentas privadas de activistas LGBTI, artistas y periodistas independientes.
Recientemente el comunicador del medio ADN Cuba, Jancel Moreno, fue amenazado con publicar fotos íntimas suyas.
Opositores al régimen castrista fueron recientemente reprimidos durante las protestas convocadas en junio, julio y octubre. Asimismo, están en constante vigilancia por agentes de la policía política, ETECSA les corta el servicio de internet y son víctimas de detenciones arbitrarias como ocurrió recientemente en La Habana.
Muchos comunicadores y periodistas como el columnista de The Washington Post, Abraham Jiménez Enoa, la periodista Camila Acosta, Iliana Hernández, Luz Escobar y el periodista de Cubanet, Roberto de Jesús Quiñones, fueron incluídos recientemente en la lista de víctimas de la represion. Quiñónez fue liberado en septiembre tras cumplir casi un año de condena en prisión.
«Otras personas no ligadas al periodismo o al activismo cívico también han sido amenazados por grabar, fotografiar o publicar imágenes, opiniones o hacer críticas en redes sociales. Fue el caso de Jorge Félix Vázquez Acosta, empleado de un hotel, que fue expulsado de su trabajo por sus publicaciones críticas en redes sociales», agregó el informe.
La expulsión de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), del escritor Pedro Armando Junco «tras negarse a retractarse de una carta al presidente Miguel Díaz-Canel que dio a conocer en su perfil de Facebook, también fue detallada en el informe. «Semanas más tarde, le cerraron su peña literaria porque seguía escribiendo críticas en Facebook».
Desde este miércoles hasta el viernes sesiona la 76ª Asamblea General de la SIP, una organización sin fines de lucro dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa en las Américas. En el informe se recoge también la situación en otros países del continente, como Venezuela.
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