El expresidente peruano Alejandro Toledo ha sido arrestado este martes en Estados Unidos. Sobre él pesaba una orden de extradición, según ha asegurado el ministerio público del país sudamericano. Toledo, que huyó de la justicia de su país, se había negado a cumplir con la prisión preventiva de 18 meses que los jueces peruanos le habían impuesto. El expresidente está siendo investigado por participar supuestamente en los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Toledo ha negado cualquier participación en dicha trama.
Las autoridades estadounidenses han tomado declaración al expresidente peruano, «como parte del proceso orientado a lograr su retorno al país», ha asegurado la Fiscalía peruana en un mensaje en su cuenta de Twitter. Además, el Ministerio Público ha informado de que este viernes a las 10.30 (hora local) se realizará una audiencia en California para fijar la fianza.
En febrero de 2017, un juez peruano dictó una orden de captura en su contra, ante los indicios de recepción de millones de dólares en sobornos de Odebrecht, y en mayo del año pasado el Gobierno de Perú presentó a Estados Unidos una solicitud de repatriación, para que las autoridades lo investiguen por colusión, tráfico de intereses y lavado de activos.
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Los fiscales del Equipo Especial Lava Jato firmaron, a finales de marzo en Israel, un acuerdo de colaboración eficaz —o de confesión— con el testaferro principal de Toledo, el empresario peruano israelí Josef Maiman. El testaferro y amigo personal de Toledo aseguró que —a petición del expolítico— recibió depósitos de más de 21 millones de dólares de las empresas Odebrecht y Camargo Correa a cambio de la concesión de obras de varios tramos de la Carretera Interoceánica Sur.
Maiman ofreció a finales de junio una declaración adicional a los fiscales, en la que indicó que el monto que recibió en sobornos de ambas compañías para transferir al político fue de 35 millones de dólares. Si bien el exmandatario cuenta con defensa en Estados Unidos, su abogado en Perú, Heriberto Benites, informó, tras conocerse el arresto, que su cliente había declarado este martes ante un juez. “Se han decretado algunas diligencias, esto no significa que haya sido aprobada la extradición, esto es parte de un proceso”, precisó a la emisora Radioprogramas.
En junio, la Fiscalía acusó al expolítico y a su esposa, Eliane Karp, de lavado de activos en la modalidad agravada, y pidió 16 años y ocho meses de cárcel para cada uno. Dicha acusación fiscal se añadiría a la petición de extradición solicitada en 2018. El Gobierno peruano contrató en febrero de este año a un bufete estadounidense para lograr la extradición de Toledo.
Todos los expresidentes peruanos que han servido desde el 2001 están siendo investigados por delitos ligados al caso Odebrecht. En mayo, el Equipo Especial Lava Jato pidió 20 años de prisión para Ollanta Humala y 26 años para su esposa, Nadine Heredia; en abril, cuando un fiscal y la policía entraron a la casa de Alan García con una orden de prisión preliminar en el marco de la investigación de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, el exmandatario se suicidó. Por su parte, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski está en detención domiciliaria.
Además, la dos veces candidata presidencial peruana y líder de la oposición Keiko Fujimori cumple prisión preventiva desde octubre, investigada por lavado de fondos de campaña que recibió de Odebrecht, y en el mismo penal está recluida la exalcaldesa de Lima Susana Villarán investigada por asociación ilícita para delinquir, cohecho y lavado de dinero.
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