Rubén Guevara estaba protestando en Lima en noviembre en una calle nublada por el humo tóxico de los gases lacrimógenos cuando sintió el impacto en su cara de un objeto que parecía una bomba lacrimógena que le dejó la retina seriamente dañada.
Reuters
“Estábamos protegiendo a los muchachos que estaban en el piso y la policía seguía avanzando y disparando directo. No les importaba que estén en el piso. Y ahí es donde me impacta”, dijo Guevara.
Como Guevara, millones de peruanos marcharon en contra del presidente interino Manuel Merino el mes pasado. Luego de solo cinco días en el poder, Merino renunció, presionado por las intensas protestas que dejaron dos manifestantes muertos y unos 200 heridos.
La reacción de la policía a las protestas en la capital ha generado un debate sobre la brutalidad de las fuerzas y ha llevado a algunos a pedir reformas más profundas.
Activistas de derechos humanos dicen que la violencia policial en Perú ha ocurrido históricamente en el interior del país, donde los peruanos de menores ingresos tienen más dificultades para encontrar justicia.
Reuters verificó que al menos 20 manifestantes recibieron disparos con perdigones de plomo y canicas de vidrio durante las protestas en Lima, según reportes médicos, entrevistas, e información compilada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
El jueves, Human Rights Watch dijo que había recabado información “sólida y creíble” de que esas municiones habían sido usadas por la policía.
Al menos seis de los heridos en las protestas fueron hospitalizados por más de tres semanas. Un tercer manifestante murió en otra protesta en el norte del Perú este mes.
La policía de Perú se abstuvo de comentar, pero se ha defendido previamente diciendo que los agentes solo usaron perdigones de goma, y que cualquier perdigón de plomo o canica tuvo que haber sido disparado por los manifestantes.
Jorge Vásquez, un médico de la morgue de Lima, dijo que este año ha aumentado el número de muertes relacionadas con operativos policiales. Vásquez examinó el cuerpo de uno de los muertos en las protestas, y también los de varias víctimas de una estampida mortal en una discoteca, ocasionada por un operativo policial en agosto.
“Se está volviendo normal que la policía actúe sin inteligencia y cause la muerte de personas, muertes que no debieron suceder”, dijo Vásquez.
Siguiendo las protestas contra la injusticia racial y la brutalidad policial en Estados Unidos este año, Latinoamérica también ha experimentado una ola de enojo hacia la percepción de impunidad policial, con manifestaciones de rechazo en Chile, Colombia, México y Brasil.
En Perú, los activistas de derechos humanos dicen que las fuerzas policiales se han visto envalentonadas en parte por una nueva Ley de Protección Policial que entró en vigencia al comienzo de la pandemia y que da respaldo a los agentes que disparan en transcurso de su trabajo.
El nuevo presidente de Perú, el centrista Francisco Sagasti, ha prometido que no habrá impunidad para los oficiales violentos y removió a 18 oficiales de alto rango después de la protesta, diciendo que era parte de un plan de “fortalecer” a la policía.
Más de un mes después de las primeras protestas, ningún oficial o civil ha sido denunciado por las autoridades como sospechoso de las acciones violentas durante la protesta.
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