Un paso histórico que dispara tantas alarmas en algunos países del norte de la Unión Europea como alienta esperanzas en los del sur. La Comisión Europea ha aprobado este miércoles un plan de recuperación económica frente a la pandemia valorado en 750.000 millones de euros.
Por EL PAÍS
De esta cantidad, 500.000 millones de euros corresponden a subsidios a fondo perdido y 250.000 millones, a préstamos. Según fuentes comunitarias, la propuesta que Ursula von der Leyen lleva al Parlamento Europeo asigna a España 77.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido, el 15% del total, y otros 63.000 millones en créditos. En total, 140.000 millones de euros.
Por primera vez en 60 años, el plan llevará al club comunitario a endeudarse masivamente en los mercados financieros. Y, sobre todo, por primera vez en la historia de la UE, transferirá una parte de esos recursos en forma de subsidios a fondo perdido hacia los países más golpeados por una crisis tan inesperada como devastadora. Fuentes comunitarias indican que dos tercios del plan, medio billón de euros, serán inyectados como subsidios, distribuidos con una cuota de reparto que favorecerá a los países más castigados. El resto, 250.000 millones de euros, serán distribuidos como préstamos, sin cuotas por países, pero con salvaguardas para garantizar que ningún socio absorba demasiado en detrimento del resto.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha hecho público el proyecto ante el Parlamento Europeo. “La crisis actual es el principal reto colectivo que afronta la UE desde su nacimiento”, ha afirmado Von der Leyen, quien ha añadido que es una crisis “sanitaria, económica y social sin precedentes».
Antes, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, uno de los principales impulsores de la iniciativa, ya se había apresurado a revelar por Twitter el montante. “La Comisión propone un Fondo de Recuperación de 750.000 millones que se suma a los instrumentos comunitarios ya lanzados. Un punto de inflexión europeo para afrontar una crisis sin precedentes. #NextGenerationEu”, ha escrito el comisario italiano, en referencia al nombre con el que ha sido bautizado el fondo: “Next Generation EU”.
Commissione propone un Fondo di Recovery da 750 miliardi che si aggiunge agli strumenti comuni già varati. Una svolta europea per fronteggiare una crisi senza precedenti. #NextGenerationEu
— Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) May 27, 2020
La cifra se queda lejos de los dos billones de euros que había reclamado el Parlamento Europeo en una dura resolución aprobada este mismo mes, pero se acerca al billón de euros manejado en los últimos días. Y los guiños incluidos hacia el Parlamento, como un tercio en subsidios y la participación de la Eurocámara en su gestión y distribución, facilitará previsiblemente su tramitación legislativa. Pero la propuesta requiere, en primer lugar, el apoyo unánime de los Estados, entre los que se augura una agria batalla.
El salto cualitativo en la solidaridad europea, como lo ha definido el vicepresidente de la Comisión Josep Borrell, asusta a algunos países del norte, que temen el comienzo de una “unión de deudas” o una “unión de trasvases financieros”. Para los socios del sur, el nuevo fondo de recuperación es una señal esperanzadora y una compensación justa para mantener un mercado interior que beneficia mayormente al norte y que sin un reequilibrio en las ayudas por el coronavirus podría saltar por los aires.
Las ayudas de Estado autorizadas a raíz de la pandemia superan los dos billones de euros, pero casi la mitad han sido concedidas por Alemania a sus empresas, mientras que las otorgadas en España no llegan al 4% del total europeo. El enorme desequilibrio amenaza la capacidad de supervivencia de las empresas situadas en los países más golpeados por la pandemia. Y tanto Bruselas como Berlín han acabado por reconocer el riesgo de fragmentación del mercado si las empresas de todos los países no pueden competir en igualdad de condiciones.
El plan que Von der Leyen lleva al Parlamento Europeo tiene tres grandes pilares. El primero, que concentra el 80% de las partidas, se centra en inversiones y reformas y se divide en dos partes. Primero, un Fondo de Resistencia y Recuperación para sufragar reformas e inversiones identificados en el mecanismo de vigilancia del Semestre Europeo, que contará con 560.000 millones de euros (310.000 millones en ayudas y 250.000 en préstamos). A ese instrumento se le añade un complemento al fondo de cohesión (llamado React-EU) de 55.000 millones de euros, disponible este mismo año y que tendrá en cuenta sobre todo el impacto de la crisis.
El segundo pilar se centra en el reinicio de la actividad económica a través del estímulo de la inversión privada. Esta pata del plan de Von der Leyen consta de dos fondos: un Instrumento de Apoyo a la Solvencia para respaldar a empresas en apuros por la pandemia que estará operativo en 2020 y al que se inyectarán 31.000 millones de euros para poder movilizar más de 300.000 millones; y un Fondo de Inversión Estratégica, con 15.000 millones de euros que deben permitir llegar a 150.000 para incrementar la fortaleza y la autonomía estratégica de las cadenas de valor. Además, la Comisión actualizará el programa IvestEU para más que duplicar su capacidad. El tercer pilar, llamado EU4Health, iría a fines sanitarios y de protección civil y tendría un presupuesto de 9.400 millones de euros.
La Comisión deberá endeudarse para conseguir 750.000 millones de euros que empezará a devolver después de 2027 y, como muy tarde, hasta 2058. Para hacerlo, propondrá elevar de forma temporal el umbral de recursos propios del presupuesto comunitario, que pasaría del 1,2% al 2% de la Renta Nacional Bruta de la UE. El margen adicional, de más de 100.000 millones de euros, se utilizaría en forma de avales de los Estados para la emisión de deuda conjunta. Bruselas propondrá a los países amortizar esa cantidad y devolver los intereses con un conjunto de impuestos propios: la tasa al carbono en frontera (que estima que podría generar entre 5.000 y 14.000 millones), los derechos de emisión (unos 10.000 millones), la tasa digital (1.300 millones) o un impuesto a las grandes corporaciones (10.000 millones).
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