Fueron seis años de infierno para Lawrence. Si nada insólito ocurre, el hijo de Íngrid Betancourt podrá percibir en Estados Unidos una indemnización multimillonaria para compensar el sufrimiento por el largo secuestro de su madre.
Nacido en California y de nacionalidad norteamericana, este mes presentó una demanda civil ante el Tribunal del Distrito Medio de Pensilvania contra las Farc y 17 integrantes, tanto de la antigua banda armada como de la nueva guerrilla. Reclama, con justa causa, por “los daños y perjuicios que se derivaron de actos de terrorismo internacional cometidos por las Farc y sus miembros (…) Le quitaron la madre durante sus años de formación causando que sufriera una angustia emocional que aún padece”, recalcan los letrados. “Los demandados son terroristas que han causado muertes y han incitado al terrorismo internacional”.
Los fondos saldrán del erario estadounidense y, probablemente, de las fortunas que esconden en bancos gringos los bandidos chavistas, disfrazados de empresarios, que incautan las autoridades de esa nación.
Iván Márquez, Grannobles, Romaña y Rommel figuran entre los demandados de las renovadas Farc-EP que residen en Venezuela, bajo el amparo de Nicolás Maduro. También, la exconvicta Sonia, que ya regresó a Colombia, así como Simón Trinidad, preso en Colorado por secuestro; César, último carcelero de Íngrid, que purga en USA una pena de 27 años, y otros siete criminales de segunda fila de esa guerrilla, encarcelados en diferentes penales de Norteamérica.
“Sabían que sus acciones provocarían que el demandante sufría daños, dado que la actividad terrorista, por su propia naturaleza, se dirige no solo a las víctimas sino, también, a sus familias”, anota la demanda.
El caso podría seguir la estela de los tres ciudadanos gringos –Stansell, Gonsalves y Howe– que permanecieron cinco años en los campos de tortura de las Farc. En sentencia reciente, la Corte Suprema de Estados Unidos, que, a diferencia de la nuestra, no come cuento a los terroristas, inclinó la balanza a favor de los tres. Y, conforme a una ley antiterrorista de 2018, determinaron que les paguen con los 53 millones de dólares que incautaron a un delincuente chavista, con negocios en Estados Unidos, que era socio del capo Tareck El Aissami, actual ministro de Petróleos de Venezuela.
La triangulación es de una lógica aplastante. Si las Farc han sido y siguen siendo aliadas del Gobierno chavista, si son cómplices de sus actividades criminales, la plata que les agarren a cualquiera de ellos en USA la pueden emplear en compensar a las víctimas de nacionalidad estadounidense.
En la demanda, los abogados hacen un relato pormenorizado de las fechas que dejaron una herida más profunda en Lawrence cuando era un adolescente de 13 años, condenado a crecer con un dolor que le desgarró el alma. Idéntica ruta que siguieron miles de hijos de secuestrados, torturados de manera despiadada. Por falta de espacio, solo recojo unas pinceladas.
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