«Desde siempre la Guayana Esequiba fue territorio de Venezuela y sufrió un despojo imperial. Ese territorio es de los venezolanos y las venezolanas y lo vamos a reconquistar» afirmó Nicolás Maduro el 7 de enero, al decretar el desarrollo de la fachada atlántica de Venezuela en el Esequibo. “Es una barbaridad levantar el adefesio de 1899, el conciliábulo del imperio del momento para tratar de arrebatarle a Venezuela el territorio Esequibo”, añadió Jorge Rodríguez al estrenarse como presidente de la fraudulenta Asamblea Nacional. “El imperialismo estadounidense y sectores opositores del país buscan generar estrategias ilegales para despojar a Venezuela del territorio Esequibo”, completa el inefable Diosdado Cabello en una tercera declaración relevante, perfectamente alineada con el tema.
Por Carmen Beatriz FernándezandHéctor J. Pantoja Pérez-Limardo | La Gran Aldea
¿Por qué este repentino y renovado interés de ocuparse del Esequibo tras 20 años de abandono del chavismo? No hay duda de que el 2020 no fue un año como los anteriores. De las hondas heridas económicas de este “annus horribilis” se encargó el FMI en su contabilidad económica de la pandemia, que midió un decrecimiento global del orden del 5%. De esa catástrofe general destacan dos números extremos: La mayor caída del Producto Interno Bruto del mundo, de -25% en Venezuela (doblemente brutal al saber que la del año anterior había sido de -35%), y el mayor crecimiento del mundo, de 26% en su vecina Guyana. Más de 50 puntos de distancia en crecimiento económico entre la empobrecida Venezuela y su próspera vecina.
¿Cómo puede explicarse el renovado interés del gobierno de Maduro en el Esequibo?, ¿se trata de una, casi natural, envidia que generan esos enormes 50 puntos que separan la prosperidad de la miseria nacional?, ¿o hay algo más?
“El problema más grande con las narrativas adoptadas en torno a Guyana es su carácter suma cero”
“Y de pronto el Esequibo existe” dice Colette Capriles en estas mismas páginas de La Gran Aldea, aseverando que el territorio en reclamación es elemento clave de construcción de un relato nacionalista y anti-imperialista acaso inspirado en la lucha argentina del dictador Videla por las Malvinas. El analista Gianni Finco sugiere una segunda posibilidad: La controversia territorial del Esequibo, representa una rendija donde la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, desconocida por las mayorías de las democracias del mundo, tendría un papel ante organismos multilaterales como la ONU, y ello explicaría la postura.
Hay una tercera explicación: Sabiéndose a las puertas de un proceso de negociación del problema venezolano, el gobierno de Maduro desea elevar sus bazas negociadoras escalando el conflicto geopolítico especialmente ante Noruega, España y el Reino Unido.
Caimanes del mismo pozo (petrolero)
El denominado Esequibo es un territorio de unos 159.500 kilómetros cuadrados, constituye 40% de la Guayana actual, y comprende un área de plataforma marítima rica en petróleo y otros recursos naturales. A raíz de las exploraciones petroleras autorizadas por el gobierno de Georgetown en parte del área en disputa, sólo ExxonMobil espera producir unos 750.000 barriles diarios para 2025 (más del doble de los barriles que Venezuela produce actualmente), lo que transformaría a Guyana, en un país pobre de 800.000 habitantes, en una potencia petrolera con uno de los más elevados Producto Interno Bruto per cápita del mundo.
Además de ExxonMobil, son socias de Guyana en la exploración petrolera la también norteamericana Hess Corporation, la holandesa Shell, la noruega Equinor, las británica BP y Tullow, la canadiense Eco Atlantic y la española Repsol. En conjunto vienen realizando inversiones mil millonarias en aguas del territorio en disputa.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
Un hito principal de esta historia se da en 1899, cuando el laudo arbitral de París fijó las fronteras del territorio guyanés. Mucha agua ha corrido hasta la fecha, pero podría afirmarse que, en los últimos 20 años, Maduro, primero como canciller de Chávez y luego como presidente, abandonó el Esequibo. En 2004, el propio Chávez afirmó que: “El gobierno venezolano no se opondría a ningún proyecto en el Esequibo que vaya en beneficio de sus habitantes”.
Una de las últimas oportunidades para que Venezuela ejerciera sus derechos sobre el territorio en reclamación fue en 2017 cuando se reactivó el caso y Ban Ki-moon, entonces Secretario General de la ONU, dio un ultimátum a la controversia, otorgando el plazo de un año a las dos naciones para llegar a un acuerdo, tras haber quedado suspendidas las gestiones en 1990. Venezuela no actuó. Más recientemente, y muy vencido ese plazo, António Guterres, actual Secretario General de las Naciones Unidas, decidió enviar el asunto a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El pasado 18 de diciembre, la CIJ declaró su jurisdicción para resolver la disputa limítrofe entre Venezuela y Guyana. Ahora el caso pasará a una segunda fase, donde la propia Corte apreciará si el laudo de 1899 es válido, como argumenta Guyana. Venezuela lo considera nulo y reclama aproximadamente el 75% del área que está al occidente del río Esequibo, bajo control actual guyanés. Venezuela podrá participar en la segunda fase del caso, pues nuestro país ha ratificado su apego a la Carta de la ONU. El Estatuto de la CIJ es parte integral de este tratado y establece que las decisiones de la Corte son obligatorias para las partes en litigio.
“La declaración de jurisdicción de la CIJ de diciembre 2020, ratifica que fue un error optar por no comparecer en la primera fase del caso y limitar la defensa del país a la consignación de un informe”
A la decisión de la CIJ del 18 de diciembre, el gobierno venezolano reaccionó intentando poner la responsabilidad de un desenlace desfavorable a Venezuela en manos del secretario general de la ONU, António Guterres. El gobierno de Maduro no reconoce el traslado del caso a la CIJ y, el pasado 7 de enero, anunció el envío de una carta a Guterres donde defiende la falta de jurisdicción de la Corte, pide atender una propuesta de diálogo, y manifiesta su firme disposición de defender la integridad territorial de Venezuela en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966.
En Ginebra, Reino Unido y Venezuela convinieron buscar una solución práctica, negociada y pacífica, bajo el auspicio de Naciones Unidas, a la disputa con la entonces colonia británica. El problema es que, el 18 de marzo de 2018, Guterres declaró el fracaso de varias décadas de esfuerzos de mediación. Esto fue lo que motivó a Guyana, un par de meses después, a solicitar la intervención de la Corte.
Evidentemente el discurso oficial del gobierno venezolano ha sufrido un cambio importante. De aquel benévolo laissez faire de Chávez en 2004 se ha pasado, no sin sorpresa, a las agresivas aseveraciones de la nomenklatura que afirman que la Guayana Esequiba es territorio de Venezuela “desde siempre”, y ha sufrido un “despojo imperial”.
¿De quién es la culpa?
El gobierno venezolano intenta instalar una narrativa según la cual, si la Corte falla a favor de Guyana, la culpa sería del Secretario General de Naciones Unidas por su negativa a reabrir la mediación, cerrada oficialmente desde 2018. Este parece un intento por confundir a la ciudadanía menos informada.
Lo cierto es que la atribución de responsabilidades debe partir del examen de las estrategias empleadas por cada uno de los actores de la disputa. Sin duda alguna, las causas de un fallo contrario a los intereses venezolanos, estaría en cada una de las decisiones tomadas por su gobierno. Lo mismo aplica para Georgetown.
Una razón para que Venezuela rechace la jurisdicción de la CIJ es la mala experiencia previa: La única vez en que la disputa fue sometida y resuelta por un tribunal de cinco árbitros en 1899, tuvo resultados muy desfavorables para los intereses venezolanos.
La declaración de jurisdicción de la CIJ del 18 de diciembre 2020, ratifica que fue un error optar por no comparecer en la primera fase del caso y limitar la defensa del país a la consignación de un informe. Venezuela tenía muy buenos argumentos para tratar de convencer a la Corte de su falta de jurisdicción para resolver la disputa con Guyana.
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