La alta representante de la Unión Europea para la política exterior, Federica Mogherini, confía en que Cuba amplíe su hasta ahora limitada apertura económica, por lo que ofreció más apoyo financiero para apuntalar las necesarias reformas que agilicen la inversión extranjera.
“Estamos a disposición de las autoridades y del pueblo cubano para compartir nuestras experiencias y brindar apoyo financiero”, declaró Mogherini este lunes en La Habana, después de que representantes de Cuba y la UE pasaran revista a sus relaciones en varios ámbitos durante el II Consejo Conjunto bilateral.
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La jefa de la diplomacia europea aseguró haber observado “una clara decisión por la parte cubana de actualizar el desarrollo del país” con medidas destinadas a eliminar el “bloqueo interno”, como se conoce en Cuba al complejo entramado de trabas y prohibiciones que desincentivan las inversiones y el progreso económico.
“Estamos a disposición de las autoridades y del pueblo cubano para compartir nuestras experiencias y brindar apoyo financiero para la aplicación de algunas de estas medidas”, apuntó.
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El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, evitó pronunciarse sobre la posibilidad de nuevas medidas de apertura, y se limitó a destacar avances de los últimos años como la autorización de algunas actividades privadas, la creación de una zona económica especial o la nueva constitución que reconoce explícitamente la propiedad privada y la inversión extranjera.
La UE ha aportado a Cuba solo en cooperación para el desarrollo más de 200 millones de euros desde 2008 destinados principalmente a proyectos en tres sectores: agricultura sostenible y seguridad alimentaria, medio ambiente y cambio climático, y ayuda a la modernización del país.
Las aportaciones a Cuba se han triplicado en los últimos dos años y el bloque europeo también es, en conjunto, el primer socio comercial e inversor del país caribeño, donde operan importantes empresas hoteleras españolas como Meliá o Iberostar, así como el gigante de la construcción francés Bouygues y otras grandes corporaciones.
El II Consejo Conjunto Cuba-UE (el primero se celebró en Bruselas en mayo de 2018) supone el quinto diálogo político de alto nivel desde que ambas partes relanzaran sus relaciones con la firma en 2016 del histórico Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), en vigor provisionalmente desde noviembre de 2017.
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EL ADPC es un amplio documento de 89 artículos que aborda diversos ámbitos de cooperación bilateral, desde el desarrollo, la prevención del cambio climático y la lucha contra el crimen hasta la protección de los derechos humanos, si bien estos últimos solo ocupan un breve párrafo.
Los representantes europeos y cubanos se dedicaron hoy a “fortalecer el seguimiento de nuestros diálogos políticos y al mismo tiempo lanzar nuevos diálogos sectoriales sobre agricultura, energía, cambio climático y medio ambiente”, según la definición de Mogherini, que no ofreció detalles más concretos sobre la reunión a puerta cerrada.
“También hemos continuado el diálogo sobre la situación y cooperación en la región, y en Venezuela en particular”, apuntó, sin especificar si ambas partes llegaron a un consenso sobre la situación en el país sudamericano, donde Cuba apoya incondicionalmente al régimen de Nicolás Maduro mientras la UE niega su autoridad y reconoce al líder opositor Juan Guaidó.
En este sentido, el secretario de Estado español de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, prefirió restar importancia a las diferencias entre Europa y Cuba en este asunto.
“La solución negociada, el rechazo a la violencia, la búsqueda de creación de condiciones para que se pueda dar un diálogo directo, que la solución sea política. Todos estos elementos son la base de la posición europea, y no es una posición contraria a la cubana”, declaró a un grupo reducido de medios al término de la reunión en La Habana.
Este Consejo bilateral también ha servido para que Cuba y la UE rechacen una vez más la plena activación de la ley Helms-Burton de Estados Unidos, una legislación aprobada en 1996 cuyo título III fue puesto en vigor en mayo pasado por la Administración de Donald Trump.
Esa medida permite presentar demandas ante cortes estadounidenses por el uso de terrenos y propiedades nacionalizadas en Cuba tras la revolución de 1959 y se suma a otras sanciones de Washington que prohíben los viajes de cruceros estadounidenses a la isla, disposiciones que han sido consideradas por la UE como “extraterritoriales” y “unilaterales”.
Desde que recibió luz verde el título III de la legislación estadounidense aprobada en 1996, comenzaron a aparecer demandas que también han afectado a empresas extranjeras que operan en Cuba, como las hoteleras españolas Meliá, Iberostar y Barceló, la canadiense Blue Diamond y la francesa Accor, así como a las plataformas de reservas turísticas Trivago, Booking y Expedia.
EFE
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