Militares en lo que se denomina el sector pasivo, sin destino concreto, marcharon este viernes en distintas regiones de Bolivia en repudio a la «persecución penal» por la detención domiciliaria de un general, investigado por muertes de civiles durante la crisis social que vivió el país en 2019.
EFE
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Decenas de militares del sector pasivo, es decir, que ya están jubilados o en proceso de jubilación, marcharon en ciudades como La Paz, sede de Gobierno boliviano, y Santa Cruz, la mayor del país, y Tarija, llevando banderas bolivianas y camisetas blancas.
Las marchas en las distintas regiones hicieron su paso por el centro de cada ciudad para luego hacer conocer un pronunciamiento, en el que rechazan la determinación de un juzgado en la ciudad boliviana de Sacaba que definió dar detención domiciliaria a un general de las Fuerzas Armadas.
El general, que en 2019 fungía como comandante departamental de la región de Cochabamba del Comando Estratégico de Operaciones del Ejército, ahora es investigado por la muerte de diez civiles por disparos en un operativo militar y policial hace un año en Sacaba.
«Rechazamos categóricamente la persecución penal ejercida por el Ministerio Público contra los militares del servicio activo con el afán de cercenar la moral, humillarlos y alterar la conducción del mando militar», manifestó Jorge Santiesteban, miembro del sector pasivo en Santa Cruz.
Santiesteban indicó que el general Alfredo C. está «subordinado al mando natural» y es un «agravio a los componentes de las Fuerzas Armadas, porque se intenta cercenar la justicia militar y la moral de los militares».
PIDEN JUSTICIA MILITAR
De la misma forma el general retirado Gary Prado sostuvo que «se debe respetar las instituciones y que se debe aplicar la justicia militar».
«Este es el primer paso que está dando el nuevo Gobierno, lo que quiere hacer es amedrentar a todos los bolivianos para que nadie se anime a protestar», señaló Prado, quien es recordado por atrapar en 1967 en Bolivia al revolucionario Ernesto «Che» Guevara y que fue procesado en el Gobierno de Evo Morales por un caso de supuesto terrorismo que se cerró este año con absolución.
De la misma manera, en La Paz los militares llegaron hasta las puertas del Ministerio de Defensa exigiendo que se deje de perseguir a camaradas y en Tarija se manifestaron para que se respete la institucionalidad y se recurra a la Justicia militar.
El jueves un juez en Sacaba definió detención domiciliaria para este general investigado, sin derecho al trabajo, arraigo y una fianza de unos 36.000 dólares.
Tras la determinación, familias de los fallecidos que hacían vigilia afuera del juzgado mostraron su rechazo y se produjeron disturbios con familiares del militar.
El 15 de noviembre de 2019 en Sacaba hubo un operativo de fuerzas conjuntas de seguridad en el que fallecieron al menos diez personas, que eran parte de una manifestación contraria al Gobierno de la entonces presidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez.
Esta semana las Fuerzas Armadas advirtieron de que la institución se encuentra «desconcertada» por la detención del militar que «solo cumplía órdenes».
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