Cada mañana, con voz clara y segura, la periodista Yoani Sánchez comparte un café con los cubanos. Directora del diario digital 14 y Medio, desde hace tres años conduce el podcast Cafecito informativo: un programa de 10 minutos donde combina información, análisis y activismo. En su emisión del martes, por ejemplo, recordó que un 9 de noviembre cayó el Muro de Berlín, y el mismo mes de 1989 comenzaron las protestas en Praga que derribaron el comunismo. “Será noviembre también el mes de la efeméride de la libertad cubana: recuerden que para el próximo 15 de noviembre está convocada una marcha histórica, una marcha cívica inédita, a la que el oficialismo le ha ido con todo”, dijo.
Por Andrés Gómez | La Tercera
Convocada por el grupo Archipiélago, la marcha fue prohibida por el gobierno. De acuerdo con las autoridades, el propósito de los organizadores es desestabilizar el régimen, con el apoyo de Estados Unidos. Según los organizadores, su fin es reclamar la libertad de los presos políticos, especialmente los detenidos en la jornada de protesta del 11 de julio, día que culminó con un ciudadano muerto, cientos de heridos y más de mil detenidos, de los cuales 600 permanecen en prisión.
A través de redes sociales, los organizadores han denunciado hostilidades, persecuciones y amedrentamientos de parte de la policía y la seguridad del Estado. Es más: el dramaturgo Yunior García, uno de los líderes de Archipiélago, decidió bajar la convocatoria y anunció que marcharía en solitario este domingo, para evitar que las personas arriesguen su integridad: “Me preocupa mucho la violencia”, dijo.
Sin embargo, otros miembro de Archipiélago, plataforma integrada por artistas y activistas, confirmaron la manifestación de mañana. La protesta persigue también acabar con la censura. “Y el fin del monopolio político ideológico sobre un país de 11 millones de personas, donde hay una pluralidad de tendencias que no se pueden expresar debido a la represión y la penalización de la discrepancia que rige desde hace décadas en nuestro país”, dice Yoani Sánchez a La Tercera, con la misma elocuencia de su podcast, a través de audios de WhatsApp.
La marcha recibió el apoyo de figuras internacionales como Mario Vargas Llosa, Fernando Savater y los expresidentes Luis Alberto Lacalle, de Uruguay; Mauricio Macri, de Argentina, y Ernesto Zedillo, de México, entre otros. El miércoles, el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, exigió al gobierno cubano “escuchar a su pueblo mientras marcha pacíficamente para hacer oír sus voces”.
Según cuenta Yoani Sánchez, “los organizadores no solo anunciaron la marcha con semanas de antelación, sino que siguieron los caminos oficiales para pedir permiso a las autoridades locales, en las variadas provincias donde ha sido convocada”. Entre ellas, La Habana, Santa Clara y Santiago de Cuba. “Lamentablemente, las autoridades rechazaron de plano las solicitudes, alegaron motivos extralegales, que los organizadores buscaban desestabilizar al gobierno, y desde ahí han levantado no solo campañas de fusilamiento de la reputación, sino también varias estrategias represivas”.
¿En Cuba el derecho a manifestarse no está garantizado en la Constitución?
La Constitución cubana actual, aprobada en 2019 por poco más del 80% de la población, con un mecanismo muy cuestionado (por la falta de democracia del proceso, presiones sobre los electores), aunque reconoce el derecho a la manifestación pacífica de los ciudadanos, lo cierto es que tiene varios artículos nefastos. El Artículo 4 es un blindaje al actual Partido Comunista, porque dice que los ciudadanos tienen derecho de enfrentar a quien intente cambiar el actual sistema económico, el eufemismo del socialismo, porque lo que se esconde detrás es el castrismo. Ese artículo permite el derecho incluso a usar la violencia y las armas contra quienes intenten un cambio de modelo. Y el Artículo 5 convierte al Partido Comunista en la fuerza rectora de la sociedad, un suprapoder incluso por encima de la propia Constitución y la legislación. Esos artículos fueron enarbolados por las autoridades para prohibir la marcha aludiendo que los organizadores tenían como plan cambiar el sistema. Lo que se demostró es que la Constitución está hecha para evitar este tipo de manifestación de diferencia.
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