Desde EE.UU. se sigue con atención a la propuesta de Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) que se está cocinando en las instituciones europeas y que prevé regulaciones más estrictas para las gigantes tecnológicas.
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¿Por qué se bloquea la cuenta en redes de Trump y no la de Maduro, Jamenei o Bolsonaro? Es la pregunta del millón desde que Twitter, Facebook y otras corporaciones decidieron expulsar al presidente Donald Trump de sus redes sociales. Algo difícil de justificar para los líderes europeos que se debaten sobre qué hacer con las gigantes tecnológicas y la conversación en línea sin por ello socavar la libertad de expresión.
Con una administración como la de Joe Biden, a priori más alineada con la Unión Europea que la saliente de Trump, los partidarios de una regulación más estricta al otro lado del Atlántico están prestando mucha atención a la propuesta de Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) que se está cocinando en las instituciones europeas y que prevé regulaciones más estrictas para las empresas tecnológicas además de dar a los usuarios el derecho de reclamar a las plataformas que eliminan su contenido.
Su lema viene a ser: lo que es ilegal fuera de internet debe serlo también en internet. Las instituciones europeas pretenden así actualizar sus armas legales, ya que de momento se cuenta solo con una directiva vigente sobre el comercio electrónico que data del 2000. Dos años más tarde, el Google hegemónico que todos conocemos inició su gran despegue, marcando el comienzo de lo que la socióloga estadounidense Shoshana Zuboff llama «la era del capitalismo de vigilancia». A partir de ese momento, Facebook (y el resto de plataformas de la misma compañía), Twitter y Amazon lideraron en Occidente el ejército de «guardianes de acceso» que hoy deciden sobre la libertad de expresión en la red.
Si bien el presidente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, ha defendido la decisión de bloquear la cuenta de Trump reconociendo haber sido incapaz de promover conversaciones «saludables», la canciller Angela Merkel encabeza a quienes abogan por que los gobiernos, y no las plataformas privadas, sean las encargadas de regular el contenido dañino de las redes.
En Alemania la negación del Holocausto es un delito por el que las plataformas tienen 24 horas para suprimir todo comentario ilícito si no quieren ser multadas (por montos de hasta 50 millones de euros). La disparidad de opiniones no termina ahí. El Gobierno polaco, aliado natural del trumpismo, ha iniciado un proyecto de ley que prohibiría que las empresas de redes sociales eliminen publicaciones que no infrinjan la ley polaca.
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