La Caja del Seguro Social (CSS) de Panamá dijo este domingo que un modelo que unifique la atención sanitaria pública, que actualmente prestan de forma bilateral este ente y el Ministerio de Salud (Minsa), debe decidirse en un «diálogo nacional» y no limitarse a una iniciativa parlamentaria.
EFE
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Por su «complejidad» este asunto «debe ser incorporado al gran diálogo nacional» convocado para este año por el presidente panameño, Laurentino Cortizo, «porque requiere de las opiniones de todos los grupos de interés», dijo en un comunicado el director de la CSS, Enrique Lau.
El director de la CSS, un ente que asegura al 80 % de la población de Panamá según los datos disponibles, se expresó así luego de que el Parlamento unicameral aprobó un proyecto de ley que «crea el marco legal para que en todas las instalaciones de red pública se atienda a las personas no aseguradas», dijo el comunicado oficial.
Ante una iniciativa de esta naturaleza «es importante asegurar cuál será la fuente de financiamiento de esos pacientes» no asegurados, indicó Lau.
El Seguro Social «le pertenece a los asegurados y en principio ya han pagado por los servicios que reciben porque tienen un sistema que es prepago», argumentó el directivo.
En la misiva, Lau «recordó que en el país no se le niega el servicio médico a nadie», pues actualmente tanto el Seguro Social como el Minsa «trabajan de manera bilateral, ya que existen lugares en donde el Minsa atiende pacientes asegurados y otros, donde la CSS atiende a los pacientes no asegurados».
Panamá, un país de 4,2 millones de habitantes, debe contar con un modelo de atención «que disminuya la duplicidad del servicio y permitir tanto al Minsa como a la CSS ser más eficientes», más ahora que está en curso una pandemia sin precedentes en el mundo «que no sabemos cómo va a acabar», añadió el director.
El proyecto de ley 311 «crea el marco legal regulatorio para que todas las personas tengan acceso a servicios de salud y medicamentos de manera expedita y gratuita (…) mediante la compensación de costos entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social», informó la Asamblea Nacional (AN), de 71 miembros y mayoría oficialista.
El proyecto, que debe ser sancionado por el presidente panameño, Laurentino Cortizo, fue propuesto en marzo pasado por el diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), Abel Beker, y aprobado por el pleno el pasado 13 de octubre.
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