Leonardo González Dellán, un ex presidente del Banco Industrial de Venezuela, fue identificado como una de las personas que pagó una considerable cantidad de dinero para convertirse en ciudadanos de Chipre.
En una filtración de documentos obtenida por el medio Al-Jazeera, titulada los «Papeles de Chipre», se establece que al menos 2.500 personas de 70 países diferentes pagaron hasta 2.500.000 euros con el fin de obtener un pasaporte chipriota.
Al menos 60 de las personas que participaron en ese esquema entre 2017 y 2019 habrían sido rechazadas como «de alto riesgo» según las reglas que existen en Chipre hoy
González Dellán había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en enero de 2019 junto a Raúl Gorrín.
Fue entonces cuando realizó el pago para obtener la nacionalidad chipriota de forma fraudulenta en un intento de buscar refugio ante los señalamientos de las autoridades en Washington.
En la investigación elaborada por Al Jazeera califican al ex presidente del Banco Industrial de Venezuela como un «testaferro» que ayudó a lavar activos por el orden de los 2.400 millones de dólares.
De entre las 2.500 personas que pagaron para obtener de manera fraudulenta la nacionalidad de Chipre, González Dellan destaca por ser un individuo sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Cuando se anunció su sanción, el secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, dijo que los designados eran: «Personas del régimen con información privilegiada han saqueado miles de millones de dólares de Venezuela mientras el pueblo venezolano sufre».
A González lo señaló como integrante una red que usaba operaciones de cambio de divisas, las cuales constituían «otro esquema ilícito que el régimen de Venezuela ha usado para robar a sus ciudadanos».
El Departamento del Tesoro señaló que estas personas ocultaron sus ganancias en cuentas bancarias e inversiones en Estados Unidos y Europa.
El 31 de julio de 2020, el parlamento chipriota aprobó leyes que le daban al gobierno más poderes para retirar ciudadanías si el solicitante obtuvo el pasaporte por fraude, engaño o declaraciones falsas o rompía las leyes del país.
Algunos críticos afirman que las nuevas leyes no van lo suficientemente lejos porque no incluyen disposiciones para quitar los pasaportes de las personas que no serían elegibles de acuerdo con las reglas de 2019.
Entre los que lograron la comprar la ciudadanía del pequeño país europeo se cuentan criminales convictos, oligarcas que huyen de la ley y funcionarios de gobiernos.
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