La misión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) hicieron un llamado al Estado venezolano para que se abstenga de aprobar un proyecto de ley que limitaría el derecho de asociación, la participación ciudadana en asuntos de interés público y la defensa de los derechos humanos.
El proyecto de ley, conocido como «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines», fue aprobado en un primer debate en enero de 2023 y retomado para su discusión el pasado 12 de enero de 2024.
La CIDH y la RELE ya habían expresado su preocupación por este proyecto de ley, ya que consideraron que limita arbitrariamente las actividades que llevan a cabo las organizaciones sin fines de lucro y da a las autoridades estatales la facultad de disolver unilateralmente aquellas que, a su juicio, participen en actividades políticas o atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República.
Las organizaciones señalan que este proyecto de ley se enmarca en una serie de medidas gubernamentales que buscan controlar y limitar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y restringir el espacio cívico. En 2023, la CIDH rechazó la detención arbitraria de sindicalistas; en 2022, instó al Estado a no aprobar el anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional; y en 2021, rechazó la Providencia Administrativa No. 001-2021.
La CIDH y la RELE también observaron con preocupación que durante las dos discusiones del proyecto de ley, los diputados oficialistas calificaron a las organizaciones de la sociedad civil de «enemigas», «desestabilizadoras», «traidoras a la patria» y «fachadas de partidos», entre otros epítetos estigmatizantes. Estas declaraciones evidencian el clima de hostilidad que existe en Venezuela hacia las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos o ejercen el periodismo.
Las organizaciones reiteraron su llamado a Venezuela para que se abstenga de aprobar cualquier tipo de legislación o reglamentación que limite arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación en asuntos de interés público. También destacaron la importancia del trabajo de los defensores de los derechos humanos en la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera.
La CIDH y la RELE se pusieron a disposición del Estado para el diálogo y la cooperación técnica en aras de la promoción y protección de los derechos humanos.
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