En Venezuela se está recrudeciendo la violencia por el incremento de la persecución y las detenciones aplicadas contra dirigentes opositores y defensores de derechos humanos, desde que inició julio. Abogados penalistas alertan que el régimen de Maduro y el sistema de justicia venezolano han recurrido de nuevo a tácticas arbitrarias como el método «puerta giratoria», que es liberar a un determinado número de detenidos como acto de «buena voluntad», pero al mismo tiempo encarcelar al doble de personas por disentir con el Poder Ejecutivo. Estas acciones se dan en medio de un intento de negociación internacional y con la presencia de una comisión técnica de la Unión Europea en Venezuela.
Ana Uzcátegui | La Prensa de Lara
Según el abogado Joel García, el régimen está utilizando la Reforma del Sistema Judicial, aplicando liberaciones en los centros de reclusión para descongestionarlos, con la intención de hacer creer a la opinión pública y a la comunidad internacional que está otorgando libertades a presos políticos, pero la realidad es que quienes son procesados por el delito de terrorismo no están siendo tomados en cuenta por la Comisión Especial que preside la Asamblea Nacional dominada por el PSUV, que evalúa las liberaciones.
«El régimen está liberando, pero a presos comunes que tienen retardo procesal. Presos que no les queda otra que admitir los hechos porque tienen cinco o seis años sin un juicio, cuando la ley dice que pasados dos años sin que se le haya celebrado juicio, se cae la medida y debería salir en libertad. Están saliendo delincuentes a la calle porque un delincuente no tumba gobierno, y el mejor ejemplo es lo que ha pasado en la Cota 905, en El Cementerio en Caracas, donde mataron a un montón de gente, pero seguramente la mayoría era inocente y no miembros de la banda. Donde los cabecillas, el «Koki», «Garbis» y el «Vampi» están en libertad, pero está preso Freddy Guevara, diputado de la Asamblea Nacional (2015), a quien responsabilizan de estos hechos armados junto al entorno político más cercano de Juan Guaidó», exclamó.
Para la abogada y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) Martha Tineo, esta nueva ola de violencia y detenciones consideradas arbitrarias buscan generar miedo en la población para desmovilizar a políticos y activistas de DD. HH., quienes documentan, revelan y denuncian los delitos de lesa humanidad que se han cometido en el país sistemáticamente desde 2014.
«El sistema de justicia opera a favor de la persecución violentando todas las normas constitucionales, legales en Venezuela», indicó.
Más hostigamiento
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), contabiliza un total de 326 presos políticos en Venezuela hasta el viernes 16 de julio, de esa cantidad más del 50% son militares. El grueso se encuentra recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, donde hay un total de 118 presos políticos seguidos de la cárcel El Helicoide, donde hay 37, y la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde hay 37 detenidos políticos, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, Caracas, donde hay 26 personas. El resto está distribuido entre otros centros penitenciarios del país y calabozos del Cicpc y la Policía Nacional Bolivariana.
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