La defensa legal de cinco miembros de la ONG venezolana Azul Positivo, dedicada a la prevención del VIH, que están presos bajo la acusación de asociación para delinquir, interpuso un recurso de apelación para exigir su libertad, informó este lunes la organización Provea.
EFE
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«La defensa de Azul Positivo interpone apelación para exigir la libertad de los cinco trabajadores humanitarios, arbitrariamente detenidos en (la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar) DGCIM de Maracaibo», escribió su cuenta de Twitter Provea, ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos.
#NosFaltan5: Defensa de Azul Positivo interpone apelación para exigir la libertad de los 5 trabajadores humanitarios, arbitrariamente detenidos en el DGCIM de Maracaibo. La Corte de Apelaciones debe actuar, el trabajo humanitario NO es un crimen. #LiberenAzulPositivo #18Ene pic.twitter.com/gIOR4MmFNx
— PROVEA (@_Provea) January 18, 2021
Ante esta situación, reclamaron a la corte de apelaciones que actúe porque «el trabajo humanitario no es un crimen».
El pasado jueves, un tribunal de la dictadura de Nicolás Maduro, ordenó prisión preventiva para los cinco miembros de la ONG Azul Positivo, luego de ser acusados por la Fiscalía de varios delitos, entre ellos, asociación para delinquir.
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La Comisión para los Derechos Humanos del noroccidental estado Zulia (fronterizo con Colombia), del que Maracaibo es capital, detalló que los delitos de los que son acusados los cinco detenidos son «manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales».
La organización alertó entonces sobre una «materialización de una agresión sin precedentes al espacio humanitario en Venezuela» y pidió a las organizaciones internacionales que trabajan en el área en el país que se pronuncien ante la situación.
Al respecto, Provea añadió este lunes que están «presos por ayudar».
«La labor de Azul Positivo llega a todos los rincones del Zulia, incluso a la frontera. Han ayudado a los migrantes venezolanos y zonas como La Guajira» (península entre Venezuela y Colombia), subrayaron.
Desde el pasado noviembre en Venezuela se han registrado allanamientos de ONG, entre ellas Alimenta la Solidaridad -que reparte almuerzos en los barrios pobres de Venezuela-, y Caracas Mi Convive -enfocada en disminuir los índices de violencia en Caracas-.
En diciembre, la ONG Convite, que trabaja para disminuir los índices de violencia en la capital, también fue allanada por las autoridades venezolanas bajo la acusación «de delitos asociados al terrorismo».
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