Luego de años de abandono en el mantenimiento a la infraestructura educativa y de salud del país, el régimen de Nicolás Maduro creó las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles), con el objetivo de impulsar el trabajo comunitario para la reparación de los planteles educativos y centros asistenciales del país, comenzando por el área educativa. Sin embargo, como señalan expertos consultados en la materia, con un país en crisis, donde la mayoría de las personas dedican el día a día para ganarse el sustento, la iniciativa, en la que participan militares y el PSUV, el programa parece estar orientado a sacar provecho político gracias a un esfuerzo que, constitucionalmente, corresponde hacer al Estado.
El pasado 20 de junio, el mandatario Nicolás Maduro anunció la creación de las Brigadas Comunitarias para la Salud y la Educación (Bricomiles), con el objetivo de recuperar la infraestructura de los planteles educativos y de salud del país, descuidadas desde hace años y, en el caso de los primeros, con nula atención desde la llegada de la pandemia por covid-19 en marzo de 2020.
El propio gobernante había reconocido meses antes que las sedes físicas de las escuelas y liceos del país se encontraban deterioradas y prometió avanzar en su rehabilitación integral. «Algunas instalaciones que ya estaban dañadas se echaron a perder más porque estuvieron 20 meses sin gente», expresó en esa ocasión el mandatario.
La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, explicó que cada plantel educativo identificará e incorporará en sus brigadas a las personas de la comunidad que tengan conocimientos o experiencia en áreas como la fontanería, construcción, la electricidad, el agua y «cualquier tipo de obra civil», pero no indicó si estas personas recibirán algún tipo de pago el trabajo.
Cabe destacar que la atención a la infraestructura educativa corresponde a la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), que fue creada en 1976 y que en 2007 fue pasada al Ministerio para la Vivienda y el Hábitat y en 2008 regresó al Ministerio de Educación.
Politización y militarización con las Bricomiles
Sin embargo, a pesar de lo positivo que resulta el que se ponga atención a las escuelas y liceos del país, la presencia en estas brigadas de los militares y, muy especialmente, la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a través de sus UBCH y el plan 1×10, ha generado controversia sobre la verdadera razón de la activación de estos operativos, que comenzaron a desplegarse desde el pasado 2 de julio.
El propio primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró el lunes 27 que toda la estructura del partido se incorporaría a las Bricomiles en las diferentes regiones y ciudades del país.
En efecto, en estados como Mérida, las declaraciones y detalles de activación del operativo correspondieron al director del equipo político estadal del eje panamericano del PSUV en esa entidad, Luis Martínez, quien indicó que las brigadas permitirían el «levantamiento» de las necesidades físicas de los planteles educativos.
En Zulia, fue el enlace territorial del PSUV y presidenta de la misión Venezuela Bella, Jaqueline Faría, quien dio a conocer la activación del operativo en el Grupo Escolar Coquivacoa, ubicado en Maracaibo; mientras, en Aragua, Lourdes Reverón coordinadora de Organización del PSUV en el municipio Mario Briceño Iragorry, al norte de Maracay, informó que en esa localidad aragüeña tienen prevista la rehabilitación de 46 escuelas en zonas como El Limón, La Candelaria y Caña de Azúcar.
En todos los operativos hay presencia de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) del PSUV y los militantes que están al frente del 1×10, sistema utilizado electoralmente en el que una persona garantiza que otras 10 vayan a votar por los candidatos del partido y que actualmente se ocupan de recoger denuncias sobre fallas en servicios públicos o abuso de autoridad.
Hasta sectores que simpatizan con el proceso que actualmente lidera Nicolás Maduro han hecho cuestionamientos a los operativos.
En su artículo Las Bricomiles y la crítica necesaria, publicada en Aporrea, Henry Escalante denuncia prácticas que las convierte en una operación de chantaje y abuso del uso de la comunidad de padres, madres y familia en general del joven estudiante para provecho de particulares, además de que atenta contra el mandato constitucional de la gratuidad de la educación. Esto, porque en algunos planteles se obliga a participar del operativo.
En su texto, Escalante recuerda que es el Estado, por mandato constitucional, de garantizar el carácter gratuito de la educación y el sostenimiento de la infraestructura educativa.
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