La persecución del régimen de Nicolás Maduro a organizaciones no gubernamentales (ONG) como Caracas mi Convive y Alimenta La Solidaridad, esta última encargada de dar de comer a más de 25.000 niños en el país, podría ser calificada como un crimen de lesa humanidad, de acuerdo con expertos consultados por el medio de comunicación digital, El Diario.
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El abogado Alí Daniels, de la asociación ciudadana Acceso a la Justicia, aseveró que el hostigamiento de los funcionarios de seguridad a las ONG se circunscribe, a su juicio, en el literal K del artículo 7 del Estatuto de Roma, que señala como crímenes de lesa humanidad los “actos inhumanos (…) que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.
“Para nosotros no queda ninguna duda de que eso es así. Si se impide que la ayuda llegue, o si se mediatiza la distribución de los insumos humanitarios de manera que contraríen los principios de las Naciones Unidas, estaríamos frente a un incremento sistemático del sufrimiento de la población”.
Para Juan Carlos Viloria, coordinador general de la Coalición por Venezuela —un conglomerado de ONG con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los venezolanos— lo que ocurrió es “una clara y flagrante violación al derecho internacional humanitario, en la que se perjudica al pueblo por la negligencia criminal de un grupo que tiene secuestrado el poder”.
Sin embargo, el abogado Alí Daniels aclara que la obstrucción del régimen a las ONG no es un tema que se esté investigando actualmente en organismos extranjeros como la Corte Penal Internacional (CPI).
“Uno de los mayores crímenes que se han cometido es en mediatizar los derechos económicos y sociales para utilizarlos en contra de la población. Es el mismo gobierno el que provocó la crisis, generó una economía de importaciones que después no pudo revertir al quedarse sin dinero, y ahora usa la misma crisis para chantajear a la población. Ahí se ve el grado de perversidad, por eso lo consideramos un delito de lesa humanidad”, explicó.
Añadió además que no hay jurisprudencia ni precedentes que respalden la violación sistemática de derechos económicos y sociales tipificados en base a ese artículo del Estatuto de Roma.
El equipo de El Diario intentó contactar al equipo de Alimenta La Solidaridad, quienes prefirieron no dar declaraciones por el momento.
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