Hace tres meses inició la investigación contra los oficiales de la Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) dos supervisores agregados , el jefe de la estación policial «El Mene» y tres oficiales agregados.
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A todos se les involucra en la extorsión de un músico de la Costa Oriental del Lago en el estado Zulia. Le exigían 3.000 dólares para no acusarlo de un delito. La investigación la asumió la Fiscalía 26 Anticorrupción y el Tribunal 5to de Control de Cabimas. Recabaron todas las pruebas, pero no materializaron la emisión de las órdenes de aprehensión contra los involucrados, denunció, Emil Barroso, defensor de la víctima.
El jurista explicó que se le solicitó a la fiscalía se les procese por los delitos de violación de domicilio, abuso de autoridad, hurto calificado, privación ilegítima de libertad, concusión y agavillamiento. Se presentaron todos los testigos y las pruebas que los involucran con la extorsión. Hasta ahora solo se logró que se iniciara una investigación en su contra por parte del departamento de asuntos internos de la CPNB, conocido como Inspectoría para el Control de las Actuaciones Policiales (ICAP). Se les cambió de comando y se les quitaron las armas orgánicas. Aún siguen con su uniforme, cumpliendo labores de oficina y no se les destituyó de su cargo.
El penalista recordó que el 22 de septiembre de 2020 arribaron los seis oficiales a la casa de su representado, irrumpieron violentamente sin autorización judicial, lo intimidaron con armas de fuego, sustrajeron de su residencia las cámaras de vigilancia, una laptop y otros electrodomésticos. Posteriormente se lo llevaron al comando policial del Mene, donde lo retuvieron desde las 10.00 de la noche hasta las 3.00 de la tarde del 23 de septiembre de 2020. Tras su liberación le dieron un plazo de cinco días para reunir los 3.000 dólares y entregarlos.
“Terminado el plazo, la víctima denunció ante el Ministerio Público y con apoyo del ICAP se realizó un procedimiento de entrega controlada en el que resultó aprehendido un funcionario de esa institución que sirvió como intermediario para el pago. El director del ICAP informó a la Fiscalía que los seis funcionarios se habían evadido del comando con sus armas de reglamentos. Estos se escondieron hasta cumplido el lapso de la flagrancia y se retardó todo el proceso para su aprehensión”.
La víctima, de quien omitiremos identidad para protección personal, exige al Ministerio Público agilice la emisión de las órdenes de captura. Teme por su integridad y la de sus familiares. Presume que la amistad de los funcionarios con actores políticos retrasa su proceso judicial. “Soy un ciudadano a punto de perder la credibilidad en el sistema de judicial por la lentitud con que se a manejado su denuncia”. Solo quiere que se haga justicia y que a futuro ningún otro de sus vecinos sea víctima de los oficiales.
El jurista exige “justicia, que se materialice el carácter ejemplarizante del derecho penal, el cese de la impunidad. Hago un llamado al Fiscal General de la República para que ejerza y ordene las acciones debidas en el caso y no se siga encubriendo a estos criminales de uniformados”.
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