El comisionado presidencial para Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, se refirió a la actualización del informe de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, sobre la crisis política, social y humanitaria de Venezuela.
«Este nuevo informe de la Alta Comisionada Bachelet deja al descubierto que Maduro entregó el territorio a grupos narcoterroristas como ELN y disidentes de la FARC, que se dedican a extraer el oro del país, asesinar venezolanos y destruir el medio ambiente», refirió Borges en un mensaje publicado a través de sus redes sociales.
Este nuevo informe de la Alta Comisionada Bachelet deja al descubierto que Maduro entregó el territorio a grupos narcoterroristas como ELN y disidentes de la FARC, que se dedican a extraer el oro del país, asesinar venezolanos y destruir el medio ambiente. pic.twitter.com/bkAWsM3lvw
— Julio Borges (@JulioBorges) July 15, 2020
NUEVAS VIOLACIONES
Este miércoles fue publicado el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela, en el que se hace hincapié en la situación de la justicia en nuestro país y las irregularidades que ocurren en el Arco Minero del Orinoco con la minería ilegal y los grupos irregulares que ahí hacen vida.
El texto debido a factores como la inseguridad en la tenencia de jueces y fiscales, así como otras áreas en las que alerta acerca de la falta de transparencia en el proceso de su designación; las condiciones de trabajo precarias; y la interferencia política.
También manifiesta su preocupación por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en materia legislativa que, abrogándose las cualidades de la Asamblea Nacional, «han dado lugar constantemente a preocupaciones sobre las consideraciones políticas que prevalecen sobre las determinaciones legales».
A su juicio, esta situación afecta la capacidad del Poder Judicial venezolano para ser independiente y promover la protección de los derechos humanos, al igual que propicia la impunidad en el país. Dijo que a pesar de que existen esfuerzos por parte del Ministerio Público para investigar estas anomalías en DDHH que han cometido los cuerpos de seguridad, la determinación para establecer penas no ha sido la más idónea, en especial en casos sobre los asesinatos de personas durante protestas ciudadanas, denuncias de tortura y malos tratos y violencia de género.
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