El madurismo no está satisfecho con las concesiones que ha recibido hasta ahora de parte de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos, para lograr avances en las condiciones y garantías electorales que tendrá la elección presidencial de 2024.
“Venezuela ha sido muy claro con la oposición, con los países que nos han preguntado al respecto y tenemos cinco puntos que llevar a los efectos de fomentar el diálogo y avanzar para que el panorama político continúe con normalidad”, explicó Rodríguez en un acto televisado para inmediatamente pasar a enumerar los puntos que aspiran a que se resuelvan en la negociación.
“En primer lugar tenemos el levantamiento de todas las sanciones ilegales e ilegítimas que desde el 2015 se han impuesto a Venezuela, en segundo lugar el dinero de Venezuela que fue robado y secuestrado, el oro que ha sido ilegalmente retenido en Inglaterra, los dineros que están en bancos europeos y las utilidades de Citgo deben ser devueltas por completo -indicó Rodríguez- En tercer lugar que las políticas de ataque a través de aventuras en tribunales de Estados Unidos y la Corte Penal Internacional se detengan porque afectan directamente a nuestros líderes. Por último, que se dé la libertad inmediata del diplomático Alex Saab.”
Sorpresa por la CPI
La petición de incluir la paralización de la investigación de la CPI en la agenda de negociaciones fue rechazada inmediatamente por defensores de DDHH, quienes resaltaron que el avance de este proceso no está sujeto a negociaciones políticas.
Los integrantes de la organización Acceso a la Justicia explicaron que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI recibió hace una semana “más de 2.000 documentos y videos de venezolanos que fueron torturados, detenidos ilegal y arbitrariamente, desaparecidos o cuyos parientes fueron ajusticiados por agentes policiales y militares, por órdenes del gobierno venezolano. Después de recibir esta información, corresponde a los jueces de la Corte Penal Internacional decidir si autorizan al fiscal de la CPI, Karim Khan, a reasumir la investigación por crímenes contra la humanidad por parte del Estado venezolano.
Alí, Daniels, director de Acceso a la Justicia reiteró que “la suspensión de la investigación no es un tema político sino jurídico y por tanto no está al alcance de gobierno alguno. Además, es una contradicción del gobierno negar la comisión de esos crímenes y pedir que se paralice la investigación».
Por otra parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, advirtió que el diálogo no puede ser condicionado.
Según Guevara Rosas “no puede haber diálogo para atender crisis de Venezuela condicionado a la impunidad. El presidente Gustavo Petro debe facilitar un proceso en donde los DDHH, la justicia y las víctimas estén en el centro. El régimen de Nicolás Maduro es investigado por crímenes de lesa humanidad”.
Adicionalmente, la contraparte del madurismo en la mesa de negociación, la Plataforma Unitaria, rechazó la nueva exigencia del gobierno.
A través de un comunicado de prensa, los integrantes de la plataforma rechazaron y condenaron los planteamientos de Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro “quienes de manera insólita plantean a la comunidad internacional que se le garantice impunidad a cambio de la posibilidad de tener elecciones libres, tal y como lo señala nuestra Constitución Nacional».
En el comunicado, la Plataforma Unitaria exigió “al régimen de Nicolás Maduro cumplir con lo firmado en los acuerdos alcanzados en México que los obliga a continuar el mecanismo de negociación, sin ninguna excusa”.
Falta el fondo social
Nuevas exigencias al margen, el proceso de negociación está suspendido desde noviembre de 2022, cuando las partes acordaron “atender la expresión más urgente de la crisis humanitaria compleja de Venezuela: pobreza extrema, desnutrición infantil, falta de acceso a vacunas y salud, crisis eléctrica y ruina de la infraestructura educativa”.
En este acuerdo también se creó “la Mesa Nacional de Atención Social (encargada de la concreción de programas de protección social), el Grupo Especial de Atención del Sobrecumplimiento (para identificar y resolver los casos de sobrecumplimiento de sanciones que impiden el acceso a recursos del Estado) y una Comisión de Seguimiento y Verificación de los acuerdos. Además, las partes acordaron crear un Fondo para la Protección Social del Pueblo, con apoyo de la ONU.
Hasta la fecha el fondo no se ha constituido, reservas legales y operativas de Naciones Unidas al margen, aún no se dispone de dinero para constituir el fondo, bien sea porque los recursos no han sido liberados por EEUU, o existen menos liquidez de la prevista en las cuentas congeladas del gobierno venezolano en Europa y el Caribe.
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