La Oficina Pública de Defensa de las Víctimas se ha opuesto tajantemente a la solicitud que el régimen chavista presentaron en julio pasado a la Sala de Apelaciones del juzgado y con la cual buscan que se impida al fiscal Karim Khan que prosiga sus averiguaciones para esclarecer los hechos e identificar y procesar a los responsables de las violaciones a las garantías fundamentales registradas en los últimos años en Venezuela.
En el escrito de 37 páginas firmado por la consejera principal Pasolina Massida, la OPCV pidió a la Sala que desestime el recurso venezolano “en su totalidad”, tras refutar cada uno de los seis motivos esgrimidos por el régimen para cuestionar la legalidad de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, que en junio dio luz verde a Karim Khan para reanudar sus averiguaciones sobre lo ocurrido en el país.
La instancia no halló motivos para considerar que la reactivación de las investigaciones por parte de la Fiscalía haya supuesto de “hecho o derecho” una violación a las disposiciones del Estatuto de Roma y de los procedimientos que regulan a la Corte, como en cambio alegó el Gobierno venezolano.
“El número limitado de casos presentados por Venezuela ya proporciona una fuerte indicación de la ausencia de investigaciones internas pertinentes”, se lee en el documento, en el cual se deja en claro que no hay complementariedad de la justicia venezolana respecto de la CPI.
La OPCV tampoco vio motivos para considerar que haya dudas sobre el alcance temporal de las investigaciones. En este sentido, la OPCV declaró “no justificados” los argumentos del chavismo de que la Fiscalía solo se limitará a indagar sobre hechos ocurridos a partir de abril de 2017, por cuanto en distintas comunicaciones le ha pedido información sobre otros casos anteriores.
“El Estado no puede argumentar razonablemente que no ha sido informado del alcance temporal de la investigación prevista por el Fiscal”, señaló Massida en su escrito.
Otro argumento esgrimido por las autoridades del chavismo que la OPCV desechó de manera contundente fue el relacionado con la supuesta ignorancia de pruebas que demuestren que la justicia nacional está llevando a cabo “investigaciones efectivas”.
Al respecto, replicó lo siguiente: “Las víctimas subrayaron que llevan casi diez años esperando una investigación adecuada de los trágicos sucesos que sufrieron. No obstante, durante todo este tiempo las autoridades nacionales no han emprendido ninguna acción genuina para identificar y procesar a los presuntos autores.
Por lo tanto, en la actualidad, la Corte es el único recurso judicial del que disponen las víctimas para buscar justicia”.
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